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Más sobre Tarjetas

Más sobre TarjetasEl dinero plástico es un medio de pago muy seguro, pero su extravío puede ocasionar un grave perjuicio a la economía familiar si no se actúa a tiempo. Si se pierde la tarjeta, o se es víctima de un robo, debe ponerse remedio al riesgo de uso fraudulento lo antes posible. El titular tiene que comunicar el hecho a la entidad emisora y ésta se encargará de bloquearla.

Hasta el momento en que el usuario detecta la ausencia de la tarjeta y realiza la comunicación, cabe la posibilidad de que se haya hecho uso de la misma. Este uso fraudulento de las tarjetas de pago ha dado lugar a numerosos litigios entre titulares y entidades emisoras acerca de la responsabilidad por los fondos sustraídos y sobre la diligencia de sus titulares en el cuidado de la misma.

La reciente Ley de Servicios de Pago, entre la regulación de otros muchos aspectos, fija el límite de responsabilidad del afectado en 150 euros (hasta su entrada en vigor, era una cuantía recomendada). Ello se refuerza con la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 16 de diciembre, que excluye de responsabilidad en todo caso a la entidad bancaria por las utilizaciones de tarjeta o de libreta con anterioridad a la comunicación de la sustracción o extravío, si son desproporcionadas y abusivas.

Tienen entonces que devolverse los fondos sustraídos a los usuarios afectados? La ley impone la devolución inmediata del importe en toda operación no autorizada, en la que no conste el consentimiento del ordenante. Además, exige el restablecimiento de la cuenta a su estado anterior. El plazo para que el usuario solicite la devolución es de 13 meses desde la fecha del adeudo no consentido, siempre que el usuario lo notifique sin tardanza injustificada.

Cuando las operaciones no autorizadas sean consecuencia de la utilización de una tarjeta perdida, el titular debe soportar un máximo de 150 euros de las operaciones realizadas, antes de notificar la pérdida o sustracción. No tiene que hacerse cargo de ninguna cantidad si la tarjeta se ha utilizado con posterioridad a la notificación del extravío o sustracción. La ley añade que si el proveedor de servicios de pago no pone a disposición de los titulares medios adecuados para que puedan notificar en todo momento el extravío o la sustracción de un instrumento de pago, el titular afectado no será responsable de las consecuencias económicas que se deriven.

Este régimen no sólo es de aplicación a las tarjetas de pago, sino también a las libretas bancarias.
La entidad se hace cargo, en todos los casos, del exceso sobre los 150 euros? La regla general es que el exceso corre a cargo de la entidad, salvo que la operación no autorizada se deba a la propia actuación fraudulenta del usuario o al incumplimiento deliberado de sus obligaciones de diligencia y notificación. En ese caso, deberá soportar el total de las pérdidas.

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